Los civiles que merecen morir

"Más de 90 por ciento de estos homicidios y ejecuciones, según lo hemos venido catalogando, obedece precisamente a la lucha de unos contra otros, es decir, no son ni siquiera acciones. Ha habido muchos soldados y policías caídos dentro de su deber, pero este es un porcentaje que no llega, por ejemplo, al cinco por ciento de sus muertes" declaraba Felipe Calderón sobre el número de muertes en su "guerra contra el narcotráfico", el mismo día en que las calles de Cuernavaca estaban casi por completo vacías, con la gente en sus casas por el miedo generado por un correo electrónico que amenazaba con violencia entre cárteles y que le advertía a la ciudadanía, no salir de sus casas después de las ocho de la noche.

Calderón no encuentra relación entre estos dos hechos - o no le interesa admitirla - y continúa con el discurso de la necesidad de su estrategia.

Comienza con la falacia de que sólo el cinco por ciento de los muertos son civiles para después contradecirse, diciendo que el porcentaje de soldados y policías caídos en cumplimiento de su deber "no llega al cinco por ciento de esas muertes".

A menos que nos fallen las matemáticas, eso nos deja un noventa y cinco por ciento de civiles muertos. En caso contrario, no nos ha notificado del cambio de la definición de civil en las leyes mexicanas: "que no es militar o eclesiástico".

Escuchamos también hoy al Secretario de Gobernación, decir que "quien quiera paz y vida sométase a la ley. Del lado de la sociedad está la ley, del otro lado hay violencia". El mismo discurso disfrazado de acusación flamígera.

Lo que nosotros escuchamos con esto es que en este país hay dos tipos de "civiles": los muertos por amargas casualidades - "penosas y dolorosas" para el señor Calderón, por supuesto, aunque luego se contabilizan como "bajas colaterales", sin nombre ni investigación, todas resultado de fuego cruzado - y civiles que se merecen morir.

Es preocupante el discurso, pero nos han demostrado con hechos que hay ciudadanos mexicanos que no gozan de las más mínimas garantías individuales, o de acceso a la justicia. ¿Cuántos de los más de veintidós mil muertos en la mal llamada "guerra contra el narcotráfico" han sido investigados? ¿Cuántas personas han sido detenidas y procesadas por la muerte de estos civiles malportados? ¿Qué juez declaró que en realidad eran delincuentes y no fueron falsamente acusados de serlo, como los estudiantes del ITESM o los niños asesinados en Tamaulipas? ¿Cuándo se legisló para volver a permitir la pena de muerte en México?

Escandaloso el caso de José Humberto Márquez Compeán, presunto narcomenudista detenido el 21 de marzo en Santa Catarina, municipio de Nuevo León, por policías municipales y posteriormente trasladado por efectivos de la Marina a un hospital para "atender sus heridas". José Humberto apareció ejecutado el 22 de Marzo en un lote baldío en San Nicolás de los Garza, estando en todo momento bajo custodia de las autoridades.

No hay una explicación coherente para este hecho. Luis Eduardo Murrieta Maya, director de la policía municipal de Santa Catarina, declaró ante el Ministerio Público que el helicóptero de la Secretaría de Marina (SEMAR) que trasladó al detenido al hospital, regresó minutos después para recogerlos y que fue este momento cuando "perdió contacto" con el detenido.

Se contradice la SEMAR con el señor Murrieta, que asegura que sólo lo trasladó al hospital, junto con Marcelo Adrián Lugo Barajas, detenido al mismo tiempo que José Humberto.

Este civil se merecía morir. Eso nos dice la autoridad. Al no estar sometido a la ley no tiene garantizada su vida, y no a través de un "enfrentamiento", sino por una ejecución extrajudicial, así sin más. Sin juicio, sin investigación, sin estorbosos procedimientos legales.

Ni siquiera el escándalo los obliga a darnos una explicación coherente y castigo a los autores de esta brutalidad.

Ante tal escenario - los narcotraficantes con su ley impuesta con las armas y la autoridad decidiendo sin más quién merece vivir o morir y ocupados con retenes y enfrentamientos, pretendiendo que nos defienden - los ciudadanos estamos inermes.

Ninguno de los dos bandos - son bandos, Felipe Calderón no habla de ciudades o de estados, sino de plazas, cual jefe de un cártel - está ocupado de la protección de los ciudadanos o por garantizar la vigencia del estado de derecho.

Por esta misma razón, cuando un cártel amenaza con enfrentamientos y determina que la gente debe estar en sus casas para las ocho de la noche, se hace, sin más. Nadie quiere quedar en medio del "fuego cruzado", o ser agredido por un narcotraficante y poner la respectiva denuncia en el Ministerio Público.

¿La autoridad nos garantiza que los cárteles no tienen informantes en las oficinas de los Ministerios? ¿Que la investigación se seguirá y se detendrá al agresor cuando no se investigan los homicidios?

No, nos quedamos en nuestras casas sin arriesgar la vida por unos u otros.


Lourdes Lorence Quiñones