El eterno con nosotros o contra nosotros

Rara mezcla entre consigna de izquierda, seguida de una invitación a la unidad, (clásica del discurso oficialista) la explicación que Felipe Calderón dio al “ya basta” que lanzaba el ocho de mayo tras el asesinato de Edgar Millán – quien fuera Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP) - resultó mucho menos afortunada que su primer intento por censurar el asesinato.

Felipe Calderón se lanzó contra todos los actores sociales involucrados – excluyendo a su gobierno - y explicó lo que desde su perspectiva son sus fallas, recriminó la falta de apoyo a su estrategia de combate a la delincuencia organizada e incluso se aventuró con el argumento favorito del señor Bush: si no están con nosotros están contra nosotros.

Asestó el primer golpe a su atril y señaló con el dedo de fuego: los ciudadanos cómplices. Lo son porque no denuncian, porque solapan la existencia de los criminales. Por la mente del mandatario no pasaba la posibilidad de que el hecho de que éstos estén coludidos con las autoridades inhiba la denuncia. La ciudadanía no convive con asaltantes, narcotraficantes, tratantes de blancas y demás caras del crimen organizado por gusto, lo hace por desconfianza a las autoridades y el miedo a sufrir represalias por su denuncia.

Estamos bombardeados por datos que confirman lo que el presidente no considera en su acusación, los órganos de seguridad de los tres niveles de gobierno están infiltrados por el crimen organizado. ¿Quién entonces nos garantiza protección después de la denuncia?

Sigue el Presidente contra el Congreso, por no tener una legislación que permita terminar con la impunidad. Su plan de combate a la delincuencia fue unilateral, no lo consultó con ninguno de los actores aludidos, pero demanda que le sigan el paso sobre la marcha. Plantearlo en el Congreso implicaba que le presentaran datos duros sobre cómo una legislación más restrictiva no se traduce en una disminución del crimen, y menos si no se combate la problemática en conjunto, incluyendo los dos ejes que su estrategia dejó de lado: el ataque al sistema financiero que lo soporta y los programas de prevención.

Continúa contra los jueces y el Poder Judicial, algo falla ahí desde su perspectiva, porque “actualmente el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, el Ejército o la Secretaría de Seguridad Pública ponen en la cárcel a los malhechores y éstos salen a los pocos meses por su propio pie”. Tampoco cabe ahí la autocrítica, el constante señalamiento de los jueces sobre el hecho de que la integración de las averiguaciones y la presentación de sus acusaciones tienen tantos defectos que no hay forma de mantenerlos bajo detención sin torcer las disposiciones legales del caso, ¿eso está pidiendo el Presidente del Sistema Judicial? ¿Y la fervorosa defensa de la legalidad?

Finalmente llega a los medios de comunicación, - para estas alturas del reclamo ya había manoteado y golpeado repetidamente su atril - entonces pide que se divulgue la historia oficial de la lucha contra el crimen, “para que no se convierta la estrategia de los criminales, que buscan sembrar terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación”.

Y así concluye el argumento. Los medios de comunicación que no ofrezcan sólo la versión de los comunicados oficiales comparten la estrategia del terror: si no están con nosotros están contra nosotros, coludidos o por lo menos compartiendo la estrategia del crimen organizado.

Para Calderón, si se señala el alarmante aumento de denuncias por violaciones a los derechos humanos a manos de los militares encargados de ejecutar su plan se está compartiendo la estrategia de los criminales. Si se apunta a la falta de consenso con que lanzó su plan, a sus graves omisiones en la detección y combate a las redes de financiamiento y la prevención del delito o los desatinos en los propios operativos entonces se está buscando “que el gobierno abandone a periodistas, ciudadanos, empresarios, agricultores o jóvenes en las garras de la delincuencia”.

Graves son los señalamientos del Presidente, graves no por sí mismos, si no porque develan la falta de autocrítica y la visión parcial con que los autores de la estrategia de combate al crimen organizado elaboraron su plan. Grave porque para el Ejecutivo, la sociedad no puede pedir explicaciones o criticar la estrategia, señalar las omisiones o simplemente ser actores pasivos por el miedo a las represalias sin ser acusados de cómplices.

Lo seguiremos señalando, no por complicidad con la contraparte si no por el legítimo deseo a que esta batalla lleve los objetivos correctos y que los costos que pagamos como sociedad tengan resultados tangibles.

La nacionalidad "imaginaria"

Comenzó el debate en el Senado respecto a una de las “reformas estructurales” más importantes para el país - concepto forjado por el ex presidente Carlos Salinas, de regreso al mapa político en estos días y alabando el ánimo reformista de Calderón - y ya desde estos momentos se avizoran los argumentos con que las dos posiciones se enfrentarán a lo largo de veintitrés sesiones, en las que se discutirán veinte temas.

El debate del día jueves quince de mayo fue especialmente ilustrativo. Hay dos elementos que pueden ser analizados para adelantar la tónica con que se estará llevando a cabo el debate en el Senado.

Como primer y quizá más revelador elemento, tenemos la asistencia. Pocos panistas y priístas entre el público, la mayoría de los asistentes son asesores e invitados del Frente Amplio Progresista (FAP). Esto no sólo nos habla del poco interés que tienen sobre el contenido de la discusión ambos partidos, sino que representa un elemento más para confirmar lo que no pocos analistas adelantaban al respecto: las posturas ya están definidas, lo único que se consiguió con la ampliación del debate es tiempo.

El tiempo ganado es un cálculo político del FAP, están apostando a que la duración del debate les de suficiente espacio para ganar terreno en la opinión pública a través del posicionamiento de sus expertos convocados al debate, acercarse a las fechas del informe presidencial (que recientemente cambió de formato) para agregar a la mesa de negociación el factor del costo político, ganarse a la parte del PRI en desacuerdo con sus coordinadores y en caso de que esto no funcione, oportunidad para organizar una mayor cantidad de personas en la resistencia civil en caso de que el Senado apruebe las iniciativas del Ejecutivo.

El segundo elemento es el discurso. El FAP mandó al debate a sus expertos a argumentar las razones por las que las iniciativas representan una alternativa desventajosa para la propiedad del Estado Mexicano sobre sus hidrocarburos. Ataca los puntos más débiles de las iniciativas, explica cuáles artículos violan la Constitución y por qué; también enfocan sus baterías a explicar la relevancia de la propiedad estatal sobre PEMEX en el contexto internacional, destacan los puntos débiles del diagnóstico presentado por el Ejecutivo y hacen énfasis en el significado de PEMEX a nivel de identificación social.

La exposición mejor delineada corrió por parte de Javier Jiménez Espriú, ex subdirector de Comercialización de PEMEX, quién dijo que la propuesta de Calderón es “insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política” y luego explicó a detalle sus afirmaciones.

El PRI mostró su falta de consenso interno con la participación de Beatriz Paredes el primer día de debate, cuyo mensaje abordó más bien generalidades pero dejó en claro que el único interés bien definido del PRI es que, cualquiera que sea la propuesta de reforma, no están dispuestos a aceptar una disminución de recursos provenientes de los excedentes petroleros a los gobiernos estatales.

El PAN mandó a sus expertos a hablar acerca de todo lo que la reforma no es, en lugar de explicar lo que sí es y a la crítica ad-hominem de los adversarios. Se han dedicado a repetir los argumentos de la Presidencia de la República: no se pretende la privatización, la participación de la iniciativa privada es necesaria, PEMEX no tiene recursos ni tecnología para enfrentar sus retos, etc. Enfocan sus baterías sobre López Obrador – bajo la premisa de que toda la oposición a la reforma parte de su movimiento – y critican la visión de que PEMEX está relacionado con nuestra identidad como mexicanos.

Esta posición la expuso bien Héctor Aguilar Camín, quién dio su punto de vista en los siguientes términos: “Como la mayoría de los ciento diez millones de mexicanos que son dueños nominales del petróleo, no sé lo que sucede en Pemex…. La mitología nacionalista nos impide hablar del petróleo y de Pemex como lo que son: una materia prima y una empresa… emblemas de nuestra nacionalidad imaginaria.”

Quedó clara la estrategia del gobierno: argumentar desconocimiento para abonar a la confusión, descargar sobre el sentimiento de nacionalismo relacionado a PEMEX el mayor número posible de adjetivos de valor negativo, crear la sensación de que la propiedad de la paraestatal que provee del cuarenta por ciento del presupuesto público no es estratégica y por tanto se puede disponer de ella como de cualquier otra y, finalmente, establecer que la relación entre nacionalidad y la propiedad de la paraestatal que lleva décadas sosteniendo el débil sistema fiscal mexicano es una alucinación masiva, vaya, como nos dijo el señor Aguilar Camín “un problema casi siquiátrico”.

Vamos ganando

“Vamos ganando” decía Juan Camilo Mouriño el cinco de Febrero de este año, a propósito de los operativos de combate al narcotráfico y al crimen organizado - que se llevan a cabo en nueve estados, Guerrero incluido – frase que, por lo menos, devela la falta de seriedad con que se llevan a cabo las evaluaciones de resultados sobre estos operativos.

La sociedad contempla atónita como en dos días, grupos de sicarios, llevaron a cabo operativos en Iguala y Petatlán, que dejaron un saldo de diecisiete muertos, ocho heridos y una secuestrada, en uno de los estados con mayor número de efectivos asignados a los Operativos Conjuntos (Siete mil seiscientos elementos federales en la primera fase y la incorporación de las policías Preventiva Estatal, Ministerial y municipales de Acapulco y Chilpancingo en la segunda) y logran huir sin tener una sola baja.

El objetivo de ambos ataques tenía nombre y apellidos: Rogaciano Alva Álvarez, Presidente de la Unión Regional Ganadera del Estado de Guerrero (URGEG) a quién sin embargo, no lograron matar.

Las suspicacias no tardaron en surgir, el señor ha sido acusado de operar a favor de los grupos de narcotráfico en su área de influencia, la Costa Grande de Guerrero, además de proteger a los talamontes de la misma región y, por si fuera poco, de haber sido el autor intelectual del asesinato de la Defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa.

La capacidad operativa y de fuego requerida para llevar a cabo estos dos operativos señala más bien hacia los grupos de narcotráfico, que tienen una lucha por el control del estado de Guerrero. En concreto hablamos del cártel del Golfo y el de Sinaloa, que libran una batalla por controlar el territorio guerrerense (que tiene especial valor logístico) y sobre la que al parecer, el que lleva la ventaja es el grupo del “Chapo” Guzmán.

Aún cuando no lograron su objetivo, los sicarios lograron matar a Alejandro y Rusbel Alva de la Cruz y secuestrar a Ana Karen Alva de la Cruz, hijos del dirigente ganadero, que se encuentra escondido en alguna parte del estado de Guerrero, (presumiblemente en la Sierra de Filo Mayor) y quien declaró recientemente en una llamada telefónica a un programa de radio que estaría dispuesto presentarse a declarar siempre y cuando se garantice su seguridad.

Es necesario que el gobierno federal aclare como es posible que un comando, integrado por al menos cuarenta sicarios, ostensiblemente armados circule libremente por la zona más vigilada del estado de Guerrero y que después de la masacre, salga tranquilamente de la zona sin ser perseguido.

Los últimos acontecimientos no dejan sino constancia de lo que se ha venido advirtiendo desde hace tiempo por la mayor parte de los analistas que se ocupan de la problemática del estado de Guerrero: la espiral de violencia avanza y crece y los guerrerenses necesitan ser informados sobre lo que los gobiernos Federal, Estatal y locales están haciendo al respecto.

Para esto se requiere que se informe a la sociedad sobre los avances del Operativo Conjunto Guerrero, pero ¿sobre qué bases? ¿Con qué indicadores está evaluando el gobierno Federal su propia actuación?

Para haber concluido que “vamos ganando”, sin más, habrá que suponer que las evaluaciones son más bien ejercicios de percepción individual del funcionario en entrevista o rueda de prensa en turno. “Se ha recuperado el control en varios territorios” nos dicen. ¿Cuáles territorios? Nos preguntamos los incrédulos.

Se requiere de un ejercicio serio para poder evaluar los resultados de los Operativos Conjuntos, no sólo en aras de la rendición de cuentas y la transparencia, si no en la de que haya bases tangibles para analizar la efectividad de éstos en medidas cuantificables y comparables.

El Doctor en Derecho Raúl Carrancá y Rivas publicaba apenas el siete de Febrero de este año un artículo en el periódico El Sol de México, en éste cita a Irvin Waller, profesor de Criminología en la Universidad de Ottawa, quién recientemente publicó un libro que sostiene: “para aplicar eficientemente los recursos que un gobierno emplee en la lucha contra el crimen, no se deben perseguir los hechos consumados sino instrumentar políticas públicas de prevención”. Buena pista para que nuestros funcionarios federales comiencen a evaluar su tarea en serio.

Juntos y revueltos

“… Las masas que no estiman obligatorios los deberes civiles, sino en cuanto se hallan apoyados por la sanción religiosa, tampoco pueden concebir que lo que el clero condena como pecado pueda dejar de ser un delito en el orden político.” José María Luis Mora. México y sus revoluciones.

La cuestión no es menor, la discusión sobre el estado laico se ha reavivado una vez más por los dichos y por los hechos del sector católico conservador mexicano.

Ejemplos tenemos muchos: La reanimada controversia sobre el aborto por la acción de inconstitucionalidad emprendida por la PGR y la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley al respecto, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la pretensión pública de la jerarquía católica de cambiar la Constitución para que se les permita ser votados para cargos de elección popular y una larga cadena de etcéteras sobre asuntos que merecen un análisis particular y que el espacio de esta columna no me permite.

El asunto cobra relevancia con el reciente dislate verbal del gobernador de Jalisco, a propósito de la defensa de la donación que el Gobierno del estado de Jalisco hizo a la Iglesia Católica para la construcción del santuario de “Los Mártires” cristeros en el municipio de Tlaquepaque. Treinta millones primero, para llegar a un total de noventa millones cuando el proyecto esté terminado.

Emilio González Márquez ha venido probando con hechos que practica lo que confesó recientemente con unas copas de más en la Expo Guadalajara, en la entrega de “un pinche papelito” (cheque) por quince millones de pesos - el número 419240 de la Secretaría de Finanzas – a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA): “Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal: ¡chinguen a su madre!”

Primero, claro, ofrece disculpas al señor cardenal y después deja constancia de que las cinco mil quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por ciudadanos inconformes con la entrega de estos recursos provenientes de fondos públicos y la crítica de la oposición en el estado le “valen madre”.

El desenlace no es tan sorprendente si tomamos en cuenta los antecedentes. El señor dirigió el desaparecido Partido Demócrata Mexicano, heredero de los grupos cristeros. Ya en plenas funciones como gobernador, él y doce de sus funcionarios llevan a cabo sesiones de “capacitación religiosa” y lectura de la Biblia en la residencia oficial Casa Jalisco. Se opuso al uso de recursos públicos para la distribución de preservativos a los jóvenes jaliscienses y luego anuncia que su administración promoverá la abstinencia y la fidelidad sexuales, como parte de su política para reducir la incidencia de VIH/sida.

El gobernador del estado de Jalisco no estima que “donar” millones de pesos a la iglesia católica constituya desvío de recursos o una violación a la laicidad del estado. Tampoco repara en la obviedad de que los ciudadanos no podrán llamar a cuentas sobre el uso de los recursos donados a la AMBA y aún así insiste en catalogarlos como parte de la política de combate a la pobreza del gobierno estatal.

El Congreso del estado de Jalisco tiene la responsabilidad de llamar a cuentas al gobernador. La Secretaría de Gobernación, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que garantizan la laicidad tiene que actuar también. El gobernador, al contrario de lo que él piensa, no tiene carta abierta para actuar a contracorriente del marco legal por el hecho de haber contado con la mayoría de los votos de los jaliscienses en 2006.

El establecimiento del estado laico en México tras la promulgación de las leyes de Reforma en 1859 tiene razones históricas y sociales que no han dejado de tener vigencia. El estado laico es una condición necesaria para ejercer la democracia, el establecimiento de las reglas morales de una confesión religiosa por sobre las leyes genera exclusión e intolerancia y nos llevaría, nuevamente, a un enfrentamiento social que vendría a agravar la ya de por si delicada situación por la que atraviesa este país.

Que se jodan

“Tanto como que se jodan, no… Es una tragedia que lamentar y le extiendo mis condolencias a las familias de estos jóvenes, pero no estaban visitando la sede de un partido político. ¡No! Estaban en un campamento guerrillero, santuario de una organización criminal terrorista reconocida como tal por los países de la Unión Europea y, por cierto, expulsada de México en 2002 por los mismos motivos. Así que, bueno, cada quien sabe en qué se mete: si alguien va como corresponsal, como guerrillero, o como alumno a un campamento de Hamas, o de Al Qaeda, en Irak, o en Palestina, o donde tú quieras, pues tú sabes a qué te metes…”

Esto declaró Jorge G. Castañeda Gutman, Ex secretario de Relaciones Exteriores a Juan Pablo Becerra-Acosta del diario Milenio el día 10 de Marzo a propósito de el asesinato de 4 estudiantes mexicanos en Ecuador a manos del ejército Colombiano.

El señor Castañeda no se caracteriza por dominar el arte de la diplomacia, ni cuando era Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno Mexicano (causa del lamentable enfriamiento de relaciones de México con países como Cuba, que le han costado más de un año de trabajo a Patricia Espinosa recomponer), ni ahora que dejó el cargo y se ocupa de su demanda al Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por no permitirle el registro de su candidatura independiente en el proceso electoral del 2006.

Famosa su frase en plena efervescencia electoral de que a Andrés Manuel López Obrador hay que “ganarle a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles” y luego no sólo confirmarlo en entrevista con Álvaro Delgado para Proceso, sino adjudicarse la autoría de la “estrategia del miedo” que utilizó el PAN contra su adversario.

Esta frase sería parte del anecdotario de declaraciones inapropiadas del ex funcionario si no reflejara tan fielmente la postura del gobierno mexicano en estos días respecto a los acontecimientos en Ecuador.

Pasmados, en postura tibia y anunciando investigaciones dirigidas a los jóvenes asesinados en lugar de condenar firmemente el ataque ilegal a territorio ecuatoriano y presentar las denuncias correspondientes por los crímenes cometidos contra mexicanos en territorio extranjero, los funcionarios del gobierno federal involucrados más bien confirman que piensan justo lo que el señor Castañeda no tiene empacho en declarar públicamente.

El gobierno mexicano tiene la obligación de velar por los intereses de los mexicanos, lo conducente en materia de política exterior en esta situación y dado que los jóvenes se encontraban en un país que no está en guerra con Colombia y por tanto - contrariamente a lo que opina el señor Castañeda- no se estaban “metiendo” en una situación que representara una amenaza a su vida, es que el gobierno dedique sus esfuerzos a denunciar el crimen y pedir al gobierno colombiano el proceso legal respectivo a los responsables de este.

Más allá de si los jóvenes tenían simpatías por las FARC y las razones por las que se encontraban en el campamento en el que se encontraba “Raúl Reyes”, el asunto que le compete al Estado Mexicano es que cuatro de sus ciudadanos fueron asesinados en otro país, en un ataque violatorio al derecho internacional y una más se encuentra herida y en la indefensión jurídica.

La política exterior mexicana vive un proceso de decadencia, cuyo más bajo nivel se ubicó en el gobierno de Vicente Fox. Perdimos el liderazgo regional, congelamos relaciones con países latinoamericanos y sobre todo, dejamos en la indefensión a los millones de mexicanos que viven fuera de nuestro país, como ha denunciado repetidamente el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante.

Si la situación continúa, el mensaje oficial del gobierno federal nos queda claro: que se jodan. La sociedad tendrá la última palabra.