viernes, 30 de enero de 2009

Oídos sordos

“A mí me vale Wilson lo que digan de mí, no hay problema, yo estoy tranquilo, duermo muy bien”, dice enojado Vicente Guerrero Reynoso, el alcalde panista de León, Guanajuato cuando se le cuestiona acerca del curso impartido a miembros del Grupo Especial Táctico (GET) de la policía municipal en técnicas de tortura, o como luego nos aclararon, en “resistencia de condiciones límite”.


La frase, si bien poco afortunada, viene confirmando una tendencia reciente – por lo menos en cuanto a la postura pública se refiere - del panismo en el gobierno, pues ante la menor crítica o cuestionamiento no se limitan en encontrar las frases más caricaturescas para dejarnos bien claro, a sus ciudadanos gobernados, cuán irrelevante les resulta nuestra opinión.


Primero Felipe Calderón respondiéndole a Adela Micha - que preguntaba si no le importaba la forma en la que había llegado a la Presidencia de la República - que “haiga sido como haiga sido” el IFE lo había declarado vencedor.


Después vendría la grosera respuesta del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, a las críticas generalizadas por su donativo, a nombre del Gobierno de Jalisco, para la construcción del santuario cristero que la iglesia católica planea poner en funciones para atraer “turismo religioso” a ese estado. “Yo tengo poco de gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta de que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale…” nos decía. Después ofreció disculpas por el lenguaje utilizado, pero nada dijo sobre su desinterés por la opinión de los jaliscienses que le critican.


Sigue la lista con Georgina Kessel, la Secretaria de Energía del Gobierno Federal, quien declaraba apenas el 26 de Junio que la consulta popular - que llevará a cabo el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, el 27 de julio - no será tomada en cuenta por el Senado de la República, porque existe ya un compromiso para que al concluir los foros, se comiencen a dictaminar las iniciativas sobre la forma petrolera.


De esta declaración, si bien la menos “folclórica” de todas, podemos anotar por lo menos tres signos alarmantes de la postura del gobierno federal al respecto: el debate que se lleva a cabo en el Senado de la República les resulta, más que un ejercicio para corregir posibles errores en las iniciativas, un estorboso trámite para llegar a la fecha pactada para dictaminarlas. La Secretaria ignora que el diseño del Estado mexicano contempla – a propósito, por cierto - la separación de poderes, y se asume vocera del Senado. Finalmente, nos anuncia que lo que sea que piense la ciudadanía es, para ellos lo mismo que nada, ejercicios inútiles del uso de instrumentos de participación ciudadana que en otros momentos habían merecido de ellos las mejores opiniones.


Finalmente, el alcalde de León, Guanajuato nos regala su “me vale Wilson”, apología del nuevo estilo panista, cuyo fondo parece ser “cualquier declaración es excusable siempre y cuando venga en envoltura de lenguaje que resulte lo menos institucional posible”.


La reiteración de esta postura dejó ya de acaparar la curiosidad sobre qué tanto toman en cuenta la opinión de la ciudadanía sobre sus decisiones, en el ejercicio de su cargo como servidores públicos, y la centró en una interrogante un tanto más triste: ¿de cuántas formas nos pueden decir que la respuesta a eso es “nada”?


Extraño viraje para un partido que apenas el 7 de agosto del año 2000 presentó una iniciativa para hacer del plebiscito y referéndum instrumentos de participación ciudadana y en cuya exposición de motivos explicaba que, la verdadera democracia, no se concibe sin el auxilio de la forma más elemental de la participación ciudadana, es decir sin los votos del pueblo.


La decisión - sobre la mal llamada “Reforma Energética” - se tomó en el año 2006, nos dicen.


Con la mejor disposición a discutir este punto y haciendo de lado que, por ejemplo, de acuerdo con Encuesta Mitofsky, el 30% de la ciudadanía sigue considerando que hubo fraude en dichas elecciones y que el 43% de los mexicanos (a finales de abril, antes de iniciarse los debates) piensan que no deben aprobarse la iniciativa de reforma a PEMEX contra un 36% que opina que sí, podríamos recordarles que la plataforma electoral de Felipe Calderón no proponía, en ninguno de sus puntos, una reforma como la mencionada, por lo que el argumento resulta falso.


Parece que el PAN-gobierno, necesita que le recuerden que su llegada al poder no es un cheque en blanco. Se acercan las elecciones del 2009 y el que aventaja en las preferencias es el PRI, así que como siempre, la agenda de los gobiernos y su disposición a escuchar a la ciudadanía la marcará el calendario electoral, en el mejor de los casos.

Derechos humanos y la alternancia

Para Cecilio Molina, por que su hijo Isaac Molina García se reintegre sano y salvo a su hogar.


La “transición democrática” no concluyó con la alternancia. Sigue. Ahora lo que viene es “un gobierno de responsabilidad compartida entre todas las fuerzas políticas”, declaraba Santiago Creel en Junio del 2001 desde su cargo de Secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox.


A pesar de la confusión que ambos términos provocan en la sociedad mexicana, la alternancia no es sinónimo de transición democrática ni su finalidad. Alternancia es el paso de un partido a otro en el poder, sin que ello implique cambio de sistema, mientras que el concepto de Transición Democrática implica el paso de una dictadura –militar, ideológica o de partido- a un régimen plural y, por consiguiente, de un sistema político a otro.


En sentido contrario a lo que en el sexenio foxista y en el recién estrenado calderonista se nos ha repetido, la alternancia - que es, hasta el momento, el único de los dos conceptos que hemos logrado cristalizar para el sistema político mexicano – no ha generado cambios sustantivos en la visión que como estado se tiene respecto a la aplicación y cuidado de los derechos humanos.


Tenemos ejemplos escandalosos para contradecir sus dichos: el caso de Lydia Cacho y la impunidad garantizada para el gobernador de Puebla, Mario Marín, el caso de Atenco y las detenciones arbitrarias, violaciones, allanamiento de morada y demás delitos cometidos en el operativo que siguen sin castigo, el caso Castaños y la impunidad garantizada para los miembros del ejército que violaron a las sexoservidoras del “Pérsico” y muchos otros más.


El caso que cobra relevancia en este momento y que toca mucho más profundamente la discordancia entre lo ofrecido por el Partido Acción Nacional cuando accedió al poder en el año 2000 y la realidad, es la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca.

El delito de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, que de acuerdo a la definición de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Persona, (suscrita por el gobierno mexicano) está tipificado como:

“Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

La relevancia que este caso tiene para señalar la grave violación al compromiso asumido con la alternancia - el famoso “bono democrático” con que Vicente Fox accedió a la Presidencia de la República – por el PAN, radica en tres puntos principales:


Primero, que México tiene viejas heridas, que no han sido resueltas, por este delito en particular en la llamada “Guerra Sucia” de los años setenta, cuya falta de atención ha llevado a los familiares de las víctimas a recurrir a tribunales internacionales en busca de justicia.


Segundo, que el partido actualmente en el poder accedió a este por medio de un discurso que hace énfasis, sobre todo, en un término muy socorrido por ellos, “respeto a la legalidad”, que sin embargo han violado sistemáticamente en la entrega de contratos de servicios múltiples en PEMEX o con el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado como mando del inexistente "Cuerpo Federal de Policía", al ser designado comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) y al mismo tiempo director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en contra del marco legal, por citar dos ejemplos.


Tercero, que después de las denuncias interpuestas por los familiares de ambos desaparecidos, el gobierno federal repite el esquema de que hace tan grave este delito: se les niega a los detenidos el debido proceso, el respeto a la integridad física, el de asistencia jurídica y demás derechos que no se les niega ni a los narcotraficantes que han detenido en los operativos contra la delincuencia organizada.


Se requiere voluntad política del gobierno federal para resolver este asunto. Comenzaron mal al tratar de negar la conformación de la Comisión de Mediación con el EPR y tratar a los individuos convocados por el grupo guerrillero como “testigos sociales”, pero rectificaron al aceptarla finalmente tras las críticas, esperemos que de la misma forma rectifiquen y regresen con vida a los dos guerrilleros desaparecidos.

El eterno con nosotros o contra nosotros

Rara mezcla entre consigna de izquierda, seguida de una invitación a la unidad, (clásica del discurso oficialista) la explicación que Felipe Calderón dio al “ya basta” que lanzaba el ocho de mayo tras el asesinato de Edgar Millán – quien fuera Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP) - resultó mucho menos afortunada que su primer intento por censurar el asesinato.


Felipe Calderón se lanzó contra todos los actores sociales involucrados – excluyendo a su gobierno - y explicó lo que desde su perspectiva son sus fallas, recriminó la falta de apoyo a su estrategia de combate a la delincuencia organizada e incluso se aventuró con el argumento favorito del señor Bush: si no están con nosotros están contra nosotros.


Asestó el primer golpe a su atril y señaló con el dedo de fuego: los ciudadanos cómplices. Lo son porque no denuncian, porque solapan la existencia de los criminales. Por la mente del mandatario no pasaba la posibilidad de que el hecho de que éstos estén coludidos con las autoridades inhiba la denuncia. La ciudadanía no convive con asaltantes, narcotraficantes, tratantes de blancas y demás caras del crimen organizado por gusto, lo hace por desconfianza a las autoridades y el miedo a sufrir represalias por su denuncia.


Estamos bombardeados por datos que confirman lo que el presidente no considera en su acusación, los órganos de seguridad de los tres niveles de gobierno están infiltrados por el crimen organizado. ¿Quién entonces nos garantiza protección después de la denuncia?


Sigue el Presidente contra el Congreso, por no tener una legislación que permita terminar con la impunidad. Su plan de combate a la delincuencia fue unilateral, no lo consultó con ninguno de los actores aludidos, pero demanda que le sigan el paso sobre la marcha. Plantearlo en el Congreso implicaba que le presentaran datos duros sobre cómo una legislación más restrictiva no se traduce en una disminución del crimen, y menos si no se combate la problemática en conjunto, incluyendo los dos ejes que su estrategia dejó de lado: el ataque al sistema financiero que lo soporta y los programas de prevención.


Continúa contra los jueces y el Poder Judicial, algo falla ahí desde su perspectiva, porque “actualmente el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, el Ejército o la Secretaría de Seguridad Pública ponen en la cárcel a los malhechores y éstos salen a los pocos meses por su propio pie”. Tampoco cabe ahí la autocrítica, el constante señalamiento de los jueces sobre el hecho de que la integración de las averiguaciones y la presentación de sus acusaciones tienen tantos defectos que no hay forma de mantenerlos bajo detención sin torcer las disposiciones legales del caso, ¿eso está pidiendo el Presidente del Sistema Judicial? ¿Y la fervorosa defensa de la legalidad?


Finalmente llega a los medios de comunicación, - para estas alturas del reclamo ya había manoteado y golpeado repetidamente su atril - entonces pide que se divulgue la historia oficial de la lucha contra el crimen, “para que no se convierta la estrategia de los criminales, que buscan sembrar terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación”.


Y así concluye el argumento. Los medios de comunicación que no ofrezcan sólo la versión de los comunicados oficiales comparten la estrategia del terror: si no están con nosotros están contra nosotros, coludidos o por lo menos compartiendo la estrategia del crimen organizado.


Para Calderón, si se señala el alarmante aumento de denuncias por violaciones a los derechos humanos a manos de los militares encargados de ejecutar su plan se está compartiendo la estrategia de los criminales. Si se apunta a la falta de consenso con que lanzó su plan, a sus graves omisiones en la detección y combate a las redes de financiamiento y la prevención del delito o los desatinos en los propios operativos entonces se está buscando “que el gobierno abandone a periodistas, ciudadanos, empresarios, agricultores o jóvenes en las garras de la delincuencia”.


Graves son los señalamientos del Presidente, graves no por sí mismos, si no porque develan la falta de autocrítica y la visión parcial con que los autores de la estrategia de combate al crimen organizado elaboraron su plan. Grave porque para el Ejecutivo, la sociedad no puede pedir explicaciones o criticar la estrategia, señalar las omisiones o simplemente ser actores pasivos por el miedo a las represalias sin ser acusados de cómplices.

Lo seguiremos señalando, no por complicidad con la contraparte si no por el legítimo deseo a que esta batalla lleve los objetivos correctos y que los costos que pagamos como sociedad tengan resultados tangibles.

La nacionalidad "imaginaria"

Comenzó el debate en el Senado respecto a una de las “reformas estructurales” más importantes para el país - concepto forjado por el ex presidente Carlos Salinas, de regreso al mapa político en estos días y alabando el ánimo reformista de Calderón - y ya desde estos momentos se avizoran los argumentos con que las dos posiciones se enfrentarán a lo largo de veintitrés sesiones, en las que se discutirán veinte temas.


El debate del día jueves quince de mayo fue especialmente ilustrativo. Hay dos elementos que pueden ser analizados para adelantar la tónica con que se estará llevando a cabo el debate en el Senado.


Como primer y quizá más revelador elemento, tenemos la asistencia. Pocos panistas y priístas entre el público, la mayoría de los asistentes son asesores e invitados del Frente Amplio Progresista (FAP). Esto no sólo nos habla del poco interés que tienen sobre el contenido de la discusión ambos partidos, sino que representa un elemento más para confirmar lo que no pocos analistas adelantaban al respecto: las posturas ya están definidas, lo único que se consiguió con la ampliación del debate es tiempo.


El tiempo ganado es un cálculo político del FAP, están apostando a que la duración del debate les de suficiente espacio para ganar terreno en la opinión pública a través del posicionamiento de sus expertos convocados al debate, acercarse a las fechas del informe presidencial (que recientemente cambió de formato) para agregar a la mesa de negociación el factor del costo político, ganarse a la parte del PRI en desacuerdo con sus coordinadores y en caso de que esto no funcione, oportunidad para organizar una mayor cantidad de personas en la resistencia civil en caso de que el Senado apruebe las iniciativas del Ejecutivo.


El segundo elemento es el discurso. El FAP mandó al debate a sus expertos a argumentar las razones por las que las iniciativas representan una alternativa desventajosa para la propiedad del Estado Mexicano sobre sus hidrocarburos. Ataca los puntos más débiles de las iniciativas, explica cuáles artículos violan la Constitución y por qué; también enfocan sus baterías a explicar la relevancia de la propiedad estatal sobre PEMEX en el contexto internacional, destacan los puntos débiles del diagnóstico presentado por el Ejecutivo y hacen énfasis en el significado de PEMEX a nivel de identificación social.


La exposición mejor delineada corrió por parte de Javier Jiménez Espriú, ex subdirector de Comercialización de PEMEX, quién dijo que la propuesta de Calderón es “insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política” y luego explicó a detalle sus afirmaciones.


El PRI mostró su falta de consenso interno con la participación de Beatriz Paredes el primer día de debate, cuyo mensaje abordó más bien generalidades pero dejó en claro que el único interés bien definido del PRI es que, cualquiera que sea la propuesta de reforma, no están dispuestos a aceptar una disminución de recursos provenientes de los excedentes petroleros a los gobiernos estatales.


El PAN mandó a sus expertos a hablar acerca de todo lo que la reforma no es, en lugar de explicar lo que sí es y a la crítica ad-hominem de los adversarios. Se han dedicado a repetir los argumentos de la Presidencia de la República: no se pretende la privatización, la participación de la iniciativa privada es necesaria, PEMEX no tiene recursos ni tecnología para enfrentar sus retos, etc. Enfocan sus baterías sobre López Obrador – bajo la premisa de que toda la oposición a la reforma parte de su movimiento – y critican la visión de que PEMEX está relacionado con nuestra identidad como mexicanos.


Esta posición la expuso bien Héctor Aguilar Camín, quién dio su punto de vista en los siguientes términos: “Como la mayoría de los ciento diez millones de mexicanos que son dueños nominales del petróleo, no sé lo que sucede en Pemex…. La mitología nacionalista nos impide hablar del petróleo y de Pemex como lo que son: una materia prima y una empresa… emblemas de nuestra nacionalidad imaginaria.”


Quedó clara la estrategia del gobierno: argumentar desconocimiento para abonar a la confusión, descargar sobre el sentimiento de nacionalismo relacionado a PEMEX el mayor número posible de adjetivos de valor negativo, crear la sensación de que la propiedad de la paraestatal que provee del cuarenta por ciento del presupuesto público no es estratégica y por tanto se puede disponer de ella como de cualquier otra y, finalmente, establecer que la relación entre nacionalidad y la propiedad de la paraestatal que lleva décadas sosteniendo el débil sistema fiscal mexicano es una alucinación masiva, vaya, como nos dijo el señor Aguilar Camín “un problema casi siquiátrico”.

Vamos ganando

“Vamos ganando” decía Juan Camilo Mouriño el cinco de Febrero de este año, a propósito de los operativos de combate al narcotráfico y al crimen organizado - que se llevan a cabo en nueve estados, Guerrero incluido – frase que, por lo menos, devela la falta de seriedad con que se llevan a cabo las evaluaciones de resultados sobre estos operativos.


La sociedad contempla atónita como en dos días, grupos de sicarios, llevaron a cabo operativos en Iguala y Petatlán, que dejaron un saldo de diecisiete muertos, ocho heridos y una secuestrada, en uno de los estados con mayor número de efectivos asignados a los Operativos Conjuntos (Siete mil seiscientos elementos federales en la primera fase y la incorporación de las policías Preventiva Estatal, Ministerial y municipales de Acapulco y Chilpancingo en la segunda) y logran huir sin tener una sola baja.


El objetivo de ambos ataques tenía nombre y apellidos: Rogaciano Alva Álvarez, Presidente de la Unión Regional Ganadera del Estado de Guerrero (URGEG) a quién sin embargo, no lograron matar.


Las suspicacias no tardaron en surgir, el señor ha sido acusado de operar a favor de los grupos de narcotráfico en su área de influencia, la Costa Grande de Guerrero, además de proteger a los talamontes de la misma región y, por si fuera poco, de haber sido el autor intelectual del asesinato de la Defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa.


La capacidad operativa y de fuego requerida para llevar a cabo estos dos operativos señala más bien hacia los grupos de narcotráfico, que tienen una lucha por el control del estado de Guerrero. En concreto hablamos del cártel del Golfo y el de Sinaloa, que libran una batalla por controlar el territorio guerrerense (que tiene especial valor logístico) y sobre la que al parecer, el que lleva la ventaja es el grupo del “Chapo” Guzmán.


Aún cuando no lograron su objetivo, los sicarios lograron matar a Alejandro y Rusbel Alva de la Cruz y secuestrar a Ana Karen Alva de la Cruz, hijos del dirigente ganadero, que se encuentra escondido en alguna parte del estado de Guerrero, (presumiblemente en la Sierra de Filo Mayor) y quien declaró recientemente en una llamada telefónica a un programa de radio que estaría dispuesto presentarse a declarar siempre y cuando se garantice su seguridad.


Es necesario que el gobierno federal aclare como es posible que un comando, integrado por al menos cuarenta sicarios, ostensiblemente armados circule libremente por la zona más vigilada del estado de Guerrero y que después de la masacre, salga tranquilamente de la zona sin ser perseguido.


Los últimos acontecimientos no dejan sino constancia de lo que se ha venido advirtiendo desde hace tiempo por la mayor parte de los analistas que se ocupan de la problemática del estado de Guerrero: la espiral de violencia avanza y crece y los guerrerenses necesitan ser informados sobre lo que los gobiernos Federal, Estatal y locales están haciendo al respecto.


Para esto se requiere que se informe a la sociedad sobre los avances del Operativo Conjunto Guerrero, pero ¿sobre qué bases? ¿Con qué indicadores está evaluando el gobierno Federal su propia actuación?


Para haber concluido que “vamos ganando”, sin más, habrá que suponer que las evaluaciones son más bien ejercicios de percepción individual del funcionario en entrevista o rueda de prensa en turno. “Se ha recuperado el control en varios territorios” nos dicen. ¿Cuáles territorios? Nos preguntamos los incrédulos.


Se requiere de un ejercicio serio para poder evaluar los resultados de los Operativos Conjuntos, no sólo en aras de la rendición de cuentas y la transparencia, si no en la de que haya bases tangibles para analizar la efectividad de éstos en medidas cuantificables y comparables.


El Doctor en Derecho Raúl Carrancá y Rivas publicaba apenas el siete de Febrero de este año un artículo en el periódico El Sol de México, en éste cita a Irvin Waller, profesor de Criminología en la Universidad de Ottawa, quién recientemente publicó un libro que sostiene: “para aplicar eficientemente los recursos que un gobierno emplee en la lucha contra el crimen, no se deben perseguir los hechos consumados sino instrumentar políticas públicas de prevención”. Buena pista para que nuestros funcionarios federales comiencen a evaluar su tarea en serio.

Juntos y revueltos

“… Las masas que no estiman obligatorios los deberes civiles, sino en cuanto se hallan apoyados por la sanción religiosa, tampoco pueden concebir que lo que el clero condena como pecado pueda dejar de ser un delito en el orden político.” José María Luis Mora. México y sus revoluciones.


La cuestión no es menor, la discusión sobre el estado laico se ha reavivado una vez más por los dichos y por los hechos del sector católico conservador mexicano.


Ejemplos tenemos muchos: La reanimada controversia sobre el aborto por la acción de inconstitucionalidad emprendida por la PGR y la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley al respecto, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la pretensión pública de la jerarquía católica de cambiar la Constitución para que se les permita ser votados para cargos de elección popular y una larga cadena de etcéteras sobre asuntos que merecen un análisis particular y que el espacio de esta columna no me permite.


El asunto cobra relevancia con el reciente dislate verbal del gobernador de Jalisco, a propósito de la defensa de la donación que el Gobierno del estado de Jalisco hizo a la Iglesia Católica para la construcción del santuario de “Los Mártires” cristeros en el municipio de Tlaquepaque. Treinta millones primero, para llegar a un total de noventa millones cuando el proyecto esté terminado.


Emilio González Márquez ha venido probando con hechos que practica lo que confesó recientemente con unas copas de más en la Expo Guadalajara, en la entrega de “un pinche papelito” (cheque) por quince millones de pesos - el número 419240 de la Secretaría de Finanzas – a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA): “Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal: ¡chinguen a su madre!”


Primero, claro, ofrece disculpas al señor cardenal y después deja constancia de que las cinco mil quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por ciudadanos inconformes con la entrega de estos recursos provenientes de fondos públicos y la crítica de la oposición en el estado le “valen madre”.


El desenlace no es tan sorprendente si tomamos en cuenta los antecedentes. El señor dirigió el desaparecido Partido Demócrata Mexicano, heredero de los grupos cristeros. Ya en plenas funciones como gobernador, él y doce de sus funcionarios llevan a cabo sesiones de “capacitación religiosa” y lectura de la Biblia en la residencia oficial Casa Jalisco. Se opuso al uso de recursos públicos para la distribución de preservativos a los jóvenes jaliscienses y luego anuncia que su administración promoverá la abstinencia y la fidelidad sexuales, como parte de su política para reducir la incidencia de VIH/sida.


El gobernador del estado de Jalisco no estima que “donar” millones de pesos a la iglesia católica constituya desvío de recursos o una violación a la laicidad del estado. Tampoco repara en la obviedad de que los ciudadanos no podrán llamar a cuentas sobre el uso de los recursos donados a la AMBA y aún así insiste en catalogarlos como parte de la política de combate a la pobreza del gobierno estatal.


El Congreso del estado de Jalisco tiene la responsabilidad de llamar a cuentas al gobernador. La Secretaría de Gobernación, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que garantizan la laicidad tiene que actuar también. El gobernador, al contrario de lo que él piensa, no tiene carta abierta para actuar a contracorriente del marco legal por el hecho de haber contado con la mayoría de los votos de los jaliscienses en 2006.


El establecimiento del estado laico en México tras la promulgación de las leyes de Reforma en 1859 tiene razones históricas y sociales que no han dejado de tener vigencia. El estado laico es una condición necesaria para ejercer la democracia, el establecimiento de las reglas morales de una confesión religiosa por sobre las leyes genera exclusión e intolerancia y nos llevaría, nuevamente, a un enfrentamiento social que vendría a agravar la ya de por si delicada situación por la que atraviesa este país.

Que se jodan

“Tanto como que se jodan, no… Es una tragedia que lamentar y le extiendo mis condolencias a las familias de estos jóvenes, pero no estaban visitando la sede de un partido político. ¡No! Estaban en un campamento guerrillero, santuario de una organización criminal terrorista reconocida como tal por los países de la Unión Europea y, por cierto, expulsada de México en 2002 por los mismos motivos. Así que, bueno, cada quien sabe en qué se mete: si alguien va como corresponsal, como guerrillero, o como alumno a un campamento de Hamas, o de Al Qaeda, en Irak, o en Palestina, o donde tú quieras, pues tú sabes a qué te metes…”


Esto declaró Jorge G. Castañeda Gutman, Ex secretario de Relaciones Exteriores a Juan Pablo Becerra-Acosta del diario Milenio el día 10 de Marzo a propósito de el asesinato de 4 estudiantes mexicanos en Ecuador a manos del ejército Colombiano.


El señor Castañeda no se caracteriza por dominar el arte de la diplomacia, ni cuando era Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno Mexicano (causa del lamentable enfriamiento de relaciones de México con países como Cuba, que le han costado más de un año de trabajo a Patricia Espinosa recomponer), ni ahora que dejó el cargo y se ocupa de su demanda al Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por no permitirle el registro de su candidatura independiente en el proceso electoral del 2006.


Famosa su frase en plena efervescencia electoral de que a Andrés Manuel López Obrador hay que “ganarle a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles” y luego no sólo confirmarlo en entrevista con Álvaro Delgado para Proceso, sino adjudicarse la autoría de la “estrategia del miedo” que utilizó el PAN contra su adversario.


Esta frase sería parte del anecdotario de declaraciones inapropiadas del ex funcionario si no reflejara tan fielmente la postura del gobierno mexicano en estos días respecto a los acontecimientos en Ecuador.


Pasmados, en postura tibia y anunciando investigaciones dirigidas a los jóvenes asesinados en lugar de condenar firmemente el ataque ilegal a territorio ecuatoriano y presentar las denuncias correspondientes por los crímenes cometidos contra mexicanos en territorio extranjero, los funcionarios del gobierno federal involucrados más bien confirman que piensan justo lo que el señor Castañeda no tiene empacho en declarar públicamente.


El gobierno mexicano tiene la obligación de velar por los intereses de los mexicanos, lo conducente en materia de política exterior en esta situación y dado que los jóvenes se encontraban en un país que no está en guerra con Colombia y por tanto - contrariamente a lo que opina el señor Castañeda- no se estaban “metiendo” en una situación que representara una amenaza a su vida, es que el gobierno dedique sus esfuerzos a denunciar el crimen y pedir al gobierno colombiano el proceso legal respectivo a los responsables de este.


Más allá de si los jóvenes tenían simpatías por las FARC y las razones por las que se encontraban en el campamento en el que se encontraba “Raúl Reyes”, el asunto que le compete al Estado Mexicano es que cuatro de sus ciudadanos fueron asesinados en otro país, en un ataque violatorio al derecho internacional y una más se encuentra herida y en la indefensión jurídica.


La política exterior mexicana vive un proceso de decadencia, cuyo más bajo nivel se ubicó en el gobierno de Vicente Fox. Perdimos el liderazgo regional, congelamos relaciones con países latinoamericanos y sobre todo, dejamos en la indefensión a los millones de mexicanos que viven fuera de nuestro país, como ha denunciado repetidamente el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante.


Si la situación continúa, el mensaje oficial del gobierno federal nos queda claro: que se jodan. La sociedad tendrá la última palabra.

Elecciones y lecciones

¿Qué pasa cuando el partido que pugna por elecciones limpias ensucia las propias? ¿Qué pasa cuando pide recuento de votos en las elecciones nacionales y no puede contar por primera vez los suyos? ¿Qué pasa cuando una situación así lo lleva a límite de la confrontación y al riesgo inminente de terminar con su proyecto? Se ve triste el asunto.


Construir el proyecto de izquierda mexicana de mayor amplitud, el PRD, costó muchas vidas de dirigentes sociales, muchas luchas que parecían llevar a ningún lado cuando el PRI era hegemónico y mucho esfuerzo de la gente que puso a su servicio su vida y su conocimiento para consolidarlo.


El problema es grave y no se desatora. En opinión de Arturo Núñez Jiménez, en entrevista posterior a su renuncia a la presidencia de la Comisión Técnica Electoral (CTE), hay tres vías para salvar las elecciones perredistas: La sustitución de los comisionados que renunciaron, la atracción del conteo por la Comisión Nacional de Garantías (CNG) y la declaración de nulidad (esta última llevaría a la designación de un presidente interino del partido que tendría que convocar a nuevas elecciones).


Se ve lejano el acuerdo. Jesús Ortega y su equipo buscan que la instancia que resuelva sea la CTE, por otra parte, Alejandro Encinas y su equipo buscan que sea la CNG. La diferencia entre estas dos posiciones se da básicamente sobre el cálculo del resultado que saldría de cada instancia.


La CTE tiene la capacidad de realizar el conteo de los paquetes; es la primera instancia en el proceso, por lo que no puede anular casillas impugnadas. La CNG, en cambio, es la instancia calificadora del proceso y podría ofrecer el resultado final con las casillas impugnadas ya anuladas, en caso de que se le permitiera contar los votos.


El punto es que si cuenta la CTE primero y luego se pasa el proceso a la CNG el resultado se inclina hacia Jesús Ortega en primera instancia, pues la mayor parte de casillas “zapato”, casillas no instaladas pero con resultados y casillas con mayor número de votos que de boletas o de votantes resultaron a favor de este candidato. En caso de que lo haga la CNG directamente, el resultado saldría filtrado con el triunfo para Alejandro Encinas.


La crisis está a punto de estallarles en las manos. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se declaró incompetente para resolver la renuncia de los miembros de la CTE y recomienda que sean la CNG y el Consejo Nacional los que resuelvan. No les queda mucho tiempo, tienen de plazo este fin de semana, pues está por terminar la presidencia de Leonel Cota y él no se ha pronunciado respecto a la prórroga de su dirigencia para desahogar el problema.


Mientras ellos se rebaten en este punto, la sociedad ve como la izquierda practica activamente los peores vicios de la democracia mexicana. La alteración del padrón, la compra de conciencias, el acarreo, el voto corporativo, la injerencia de gobiernos locales, el relleno de urnas, la quema de boletas y para colmo, la falta de voluntad para limpiar las elecciones.


Es importante para el país contar con una opción política de izquierda funcional y activa. Este conflicto bien puede derivar en el rompimiento del PRD y en la escisión de las tribus que lo conforman. Triste se ve el panorama para el 2009 y peor para el 2012 si no lo resuelven. La experiencia nos enseñó que le conviene a la vida democrática del país contar con expresiones de oposición institucionalizadas.

La resistencia

Condenada y satanizada por la mayoría de los medios de comunicación y sus comentaristas, así comenzó la resistencia pacífica a la que Andrés Manuel López Obrador llamó desde hace semanas, el jueves 10 de abril.


La movilización fue rápida, algunos incluso se llamaron a la sorpresa - como la Presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, que no se cansó de dar entrevistas condenándola- y comenzaron a buscar una sede alterna para continuar con la discusión de la reforma energética.


Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, los coordinadores de la fracción priísta en la Cámara de Senadores y la de Diputados, respectivamente, operan ya la negociación de una sede alterna para continuar los trabajos de deliberación el día martes como plazo máximo.


Y comenzó rápido el linchamiento. Los noticieros de las cadenas que tienen el duopolio de los medios en México emitieron sus descalificaciones a los métodos de lucha elegidos por el FAP.


El argumento principal es algo así como: las cámaras de diputados y senadores son las depositarias de la democracia mexicana y son el espacio de debate en el que se debe dirimir la controversia respecto a la reforma energética; bloquear la discusión es violentar la democracia.


Qué fácil argumento. No podemos mas que recordar al ex senador Javier Corral Jurado, actual presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) desgañitándose en la discusión sobre la reforma de medios (la Ley Televisa, pues) en la cámara de senadores mientras sus compañeros y contrapartes del “debate” mandaban mensajes por celular, platicaban, reían y sentenciaban como única respuesta: “no se cambiará ni una coma”.


El espacio del “debate”, pretende dedicar a la discusión -en declaraciones del propio presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida Ochoa- dos semanas. Quince días para discutir una reforma que definirá el rumbo de la empresa que sostiene el cuarenta por ciento del presupuesto federal.


El Frente Amplio Progresista pone en la mesa una propuesta puntual: tres meses de discusión y la ampliación de los temas de debate de ocho a doce. Esta propuesta permitiría incluir a todas las voces que tienen algo que decir respecto a esta reforma, también evitaría la discusión superficial y las modificaciones mínimas a una propuesta que ya comienza a develar sus fallas.


Por ejemplo, en entrevista con La Jornada, Víctor Rodríguez Padilla, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en el tema energético adelanta rasgos preocupantes de la reforma. Esta permite crear una red paralela a PEMEX, con injerencia en las áreas de exploración, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de gas, que son áreas exclusivas del Gobierno Mexicano.


La reforma no contempla escenarios de ingresos o planeación alguna de cómo impactará en las áreas que mencionaba Felipe Calderón en su anuncio cuando envió la iniciativa a la Cámara de Senadores.


Todos estos elementos deben ser ampliamente discutidos. El análisis serio requiere tiempo y parece que el PAN y el PRI tienen prisa. ¿Qué hubiera pasado si la SCJN no declara contraria a la Constitución la Ley Televisa? ¿Qué tanto podemos arriesgar salidas rápidas a la discusión de esta reforma?


La resistencia tiene condiciones objetivas sobre las cuales estar en las calles. No quiere imponer su voluntad, quieren debate. Debate serio y profundo. Trivializar la protesta, llamarlos minoría irreflexiva es una irresponsabilidad.

Guerrero en armas

La noticia salió de la nada. El Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) concede una entrevista al diario La Jornada, publicada el día 25 de Marzo, para anunciar que varias comunidades indígenas de la montaña de Guerrero se unen a su causa y que no esperarán a 2010 para hacer la revolución, la comienzan ahora.


En la entrevista que concede el ERPI, explica que la vía democrática, los partidos, “no van a ser la opción nunca” y por lo tanto, la solución que queda en la mesa es la vía armada.


El planteamiento tiene lógica, la lógica de la pobreza y los problemas nunca resueltos derivados de esta. Denuncian la falta de maestros, de medicamentos e instalaciones para la atención de la salud y demás problemas bien conocidos y extendidos en México. El caldo de cultivo perfecto para el rencor social y el planteamiento de soluciones no menos drásticas que las condiciones en las que viven a diario.


La guerrilla denuncia además que hay grupos paramilitares en Guerrero, preparándose para atacar a sus bases de apoyo. Este último elemento representa un foco rojo más en la ya de por sí compleja problemática del estado, agobiado por el narcotráfico y en medio de un operativo militar estruendoso y poco efectivo para evitar asesinatos de mandos policíacos y ejecuciones entre los propios grupos del crimen organizado.


Todo esto sin olvidar, claro, que Guerrero es y ha sido origen de algunos de los movimientos sociales armados más relevantes de México desde mitades del siglo pasado. También ha sido víctima de la represión cruel del Estado mexicano. A la fecha la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por decidir si atrae el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, cantante y compositor de corridos que simpatizaba con el movimiento de Lucio Cabañas, desaparecido en 1974 por el ejército y que abriría paso para llevar ante esta instancia, los cientos de casos de desaparecidos en la llamada “guerra sucia” que tuvo su expresión más brutal en este estado.


La guerrilla tiene elementos objetivos para sostener sus argumentos. El gobierno de Zeferino Torreblanca no ha ejercido su encargo de acuerdo con la plataforma política del partido que lo llevó al poder y los graves problemas del estado lo han rebasado más de una vez. El mal manejo que le dio al problema de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa sólo vino a complicarle el panorama, la represión a los movimientos sociales nunca es la solución.


Guerrero es la entidad que tuvo la menor participación porcentual ciudadana en las elecciones federales del 2006, 46.47% de ciudadanos contra un 53.53% que se abstuvo de ejercer su derecho al voto, según datos del IFE. Esta cifra nos confirma que la gente en Guerrero no está convencida de que los partidos políticos representen de alguna manera, algún cambio en la conducción y el ejercicio del poder.


Sin embargo - y en esto se equivoca la guerrilla - tampoco implica que esa gente, decepcionada de los partidos políticos, apoye la causa de las armas. La apatía va en ambos sentidos. Para los partidos que hacen negocio del presupuesto público y para la guerrilla, cuya experiencia de décadas en México, ha probado que el pueblo mexicano no quiere cambios por la vía armada.

Este conjunto de elementos actúa en precario equilibrio: El crimen organizado, la guerrilla, los grupos paramilitares y el ejército… con la sociedad en medio. Es una situación delicada, hay ejecuciones de mandos policíacos, asesinatos de líderes sociales, violaciones a las garantías individuales en los operativos militares, y el escenario empeora.


Guerrero está en riesgo latente de caer en una espiral de violencia de la que será difícil salir, si no se atienden los problemas de fondo.

PEMEX, el falso debate

La estrategia del gobierno federal sobre el tema de la reforma energética da lugar a muchas suspicacias. No ha presentado una iniciativa, pero comenzó el debate al anunciar que venía pronto y esto le ha dado tiempo para medir la opinión de los mexicanos al respecto, a través de su instrumento favorito: las encuestas. Las que tienen en sus manos no favorecen una propuesta que lleve el nombre de privatización, entonces cuidan el discurso y le dicen “alianza”, “inversión de riesgo compartido” y demás conceptos holgados que les permitan finalmente proponer la legalización de lo que en la práctica ya permiten los Contratos de Servicios Múltiples.


La verdad es que sin la propuesta concreta, el debate puede basarse en un sinnúmero de suposiciones, por lo que no tenemos datos precisos para el análisis y la discusión. Sin embargo, el gobierno federal ya apuntaló su posición sobre un eje, que sí es posible discutir con cifras y datos duros. El objetivo de la inversión para exploración, tras el agotamiento del yacimiento de Cantarell, es el petróleo de las aguas profundas en el Golfo de México.


La secretaria de Energía, Georgina Kessel nos ofrece dos datos: México cuenta con reservas prospectivas por unos 53,800 millones de barriles de hidrocarburos (en particular en las aguas profundas del Golfo de México). Para explotarlas se requieren inversiones anuales por unos 14,500 millones de dólares y Pemex no los tiene.


Con base en estos dos argumentos, el gobierno federal lanzó su campaña promocional, en la que gastará alrededor de 152 millones de pesos en 2008 para convencernos de su propuesta, a través de un comercial -que nos habla de tesoros en aguas profundas- y de menciones desde programas de chismes y cotilleo en Televisa y TvAzteca.


El planteamiento suena lógico, se nos acaban las reservas probadas y hay que tener acceso al “tesoro en las aguas profundas” antes de que se agote Cantarell. Para hacer esto requerimos una cantidad exorbitante de dinero con el que PEMEX no cuenta y por si no fuera suficiente, los mexicanos no tenemos la tecnología para explotar yacimientos en estas condiciones.


Vaya dilema… y peor aún, Estados Unidos y Cuba ya están en la zona de aguas profundas y se van a acabar nuestro tesoro con el efecto popote, necesitamos entrar ya y no hay tiempo, ¿qué haremos? Alianzas con empresas privadas, propone Felipe Calderón.


Suena bien, nada más que las dos condiciones establecidas como premisas en el debate son falsas. De acuerdo con Francisco Garaicochea Petrirena, presidente del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, la cantidad de reservas probadas en tierra, el litoral y aguas someras es de 30 mil millones de barriles, y México cuenta con la tecnología para explorar y explotar las reservas en estás zonas, además de que el proceso de extracción es de cuatro a cinco veces más barato que en aguas profundas.


Francisco Rojas Gutiérrez ex-director de PEMEX (en entrevista con Carmen Aristegui en su programa transmitido por CNN el martes 18 de Marzo) agrega otro dato, con las modificaciones fiscales aprobadas para PEMEX, la empresa acumuló 15 mil millones de pesos en 2006 y 2007 y acumulará otros 15 mil millones de pesos este año, que tendría disponibles para la inversión.


No es posible discutir la reforma energética sobre las bases de un silogismo dirigido a dejarnos sólo la opción de la inversión privada; es cierto, necesitamos modificar el marco legal de PEMEX, necesitamos dejarle recursos libres para construir nuevas refinerías y dejar de importar combustibles caros, necesitamos invertir en extracción y encontrar opciones viables para sustituir a Cantarell. Pero también necesitamos un debate serio para obtener una reforma que sirva al interés de los mexicanos.