“Vamos ganando” decía Juan Camilo Mouriño el cinco de Febrero de este año, a propósito de los operativos de combate al narcotráfico y al crimen organizado - que se llevan a cabo en nueve estados, Guerrero incluido – frase que, por lo menos, devela la falta de seriedad con que se llevan a cabo las evaluaciones de resultados sobre estos operativos.
La sociedad contempla atónita como en dos días, grupos de sicarios, llevaron a cabo operativos en Iguala y Petatlán, que dejaron un saldo de diecisiete muertos, ocho heridos y una secuestrada, en uno de los estados con mayor número de efectivos asignados a los Operativos Conjuntos (Siete mil seiscientos elementos federales en la primera fase y la incorporación de las policías Preventiva Estatal, Ministerial y municipales de Acapulco y Chilpancingo en la segunda) y logran huir sin tener una sola baja.
El objetivo de ambos ataques tenía nombre y apellidos: Rogaciano Alva Álvarez, Presidente de la Unión Regional Ganadera del Estado de Guerrero (URGEG) a quién sin embargo, no lograron matar.
Las suspicacias no tardaron en surgir, el señor ha sido acusado de operar a favor de los grupos de narcotráfico en su área de influencia, la Costa Grande de Guerrero, además de proteger a los talamontes de la misma región y, por si fuera poco, de haber sido el autor intelectual del asesinato de la Defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa.
La capacidad operativa y de fuego requerida para llevar a cabo estos dos operativos señala más bien hacia los grupos de narcotráfico, que tienen una lucha por el control del estado de Guerrero. En concreto hablamos del cártel del Golfo y el de Sinaloa, que libran una batalla por controlar el territorio guerrerense (que tiene especial valor logístico) y sobre la que al parecer, el que lleva la ventaja es el grupo del “Chapo” Guzmán.
Aún cuando no lograron su objetivo, los sicarios lograron matar a Alejandro y Rusbel Alva de la Cruz y secuestrar a Ana Karen Alva de la Cruz, hijos del dirigente ganadero, que se encuentra escondido en alguna parte del estado de Guerrero, (presumiblemente en la Sierra de Filo Mayor) y quien declaró recientemente en una llamada telefónica a un programa de radio que estaría dispuesto presentarse a declarar siempre y cuando se garantice su seguridad.
Es necesario que el gobierno federal aclare como es posible que un comando, integrado por al menos cuarenta sicarios, ostensiblemente armados circule libremente por la zona más vigilada del estado de Guerrero y que después de la masacre, salga tranquilamente de la zona sin ser perseguido.
Los últimos acontecimientos no dejan sino constancia de lo que se ha venido advirtiendo desde hace tiempo por la mayor parte de los analistas que se ocupan de la problemática del estado de Guerrero: la espiral de violencia avanza y crece y los guerrerenses necesitan ser informados sobre lo que los gobiernos Federal, Estatal y locales están haciendo al respecto.
Para esto se requiere que se informe a la sociedad sobre los avances del Operativo Conjunto Guerrero, pero ¿sobre qué bases? ¿Con qué indicadores está evaluando el gobierno Federal su propia actuación?
Para haber concluido que “vamos ganando”, sin más, habrá que suponer que las evaluaciones son más bien ejercicios de percepción individual del funcionario en entrevista o rueda de prensa en turno. “Se ha recuperado el control en varios territorios” nos dicen. ¿Cuáles territorios? Nos preguntamos los incrédulos.
Se requiere de un ejercicio serio para poder evaluar los resultados de los Operativos Conjuntos, no sólo en aras de la rendición de cuentas y la transparencia, si no en la de que haya bases tangibles para analizar la efectividad de éstos en medidas cuantificables y comparables.
El Doctor en Derecho Raúl Carrancá y Rivas publicaba apenas el siete de Febrero de este año un artículo en el periódico El Sol de México, en éste cita a Irvin Waller, profesor de Criminología en la Universidad de Ottawa, quién recientemente publicó un libro que sostiene: “para aplicar eficientemente los recursos que un gobierno emplee en la lucha contra el crimen, no se deben perseguir los hechos consumados sino instrumentar políticas públicas de prevención”. Buena pista para que nuestros funcionarios federales comiencen a evaluar su tarea en serio.
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