Rara mezcla entre consigna de izquierda, seguida de una invitación a la unidad, (clásica del discurso oficialista) la explicación que Felipe Calderón dio al “ya basta” que lanzaba el ocho de mayo tras el asesinato de Edgar Millán – quien fuera Coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP) - resultó mucho menos afortunada que su primer intento por censurar el asesinato.
Felipe Calderón se lanzó contra todos los actores sociales involucrados – excluyendo a su gobierno - y explicó lo que desde su perspectiva son sus fallas, recriminó la falta de apoyo a su estrategia de combate a la delincuencia organizada e incluso se aventuró con el argumento favorito del señor Bush: si no están con nosotros están contra nosotros.
Asestó el primer golpe a su atril y señaló con el dedo de fuego: los ciudadanos cómplices. Lo son porque no denuncian, porque solapan la existencia de los criminales. Por la mente del mandatario no pasaba la posibilidad de que el hecho de que éstos estén coludidos con las autoridades inhiba la denuncia. La ciudadanía no convive con asaltantes, narcotraficantes, tratantes de blancas y demás caras del crimen organizado por gusto, lo hace por desconfianza a las autoridades y el miedo a sufrir represalias por su denuncia.
Estamos bombardeados por datos que confirman lo que el presidente no considera en su acusación, los órganos de seguridad de los tres niveles de gobierno están infiltrados por el crimen organizado. ¿Quién entonces nos garantiza protección después de la denuncia?
Sigue el Presidente contra el Congreso, por no tener una legislación que permita terminar con la impunidad. Su plan de combate a la delincuencia fue unilateral, no lo consultó con ninguno de los actores aludidos, pero demanda que le sigan el paso sobre la marcha. Plantearlo en el Congreso implicaba que le presentaran datos duros sobre cómo una legislación más restrictiva no se traduce en una disminución del crimen, y menos si no se combate la problemática en conjunto, incluyendo los dos ejes que su estrategia dejó de lado: el ataque al sistema financiero que lo soporta y los programas de prevención.
Continúa contra los jueces y el Poder Judicial, algo falla ahí desde su perspectiva, porque “actualmente el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, el Ejército o la Secretaría de Seguridad Pública ponen en la cárcel a los malhechores y éstos salen a los pocos meses por su propio pie”. Tampoco cabe ahí la autocrítica, el constante señalamiento de los jueces sobre el hecho de que la integración de las averiguaciones y la presentación de sus acusaciones tienen tantos defectos que no hay forma de mantenerlos bajo detención sin torcer las disposiciones legales del caso, ¿eso está pidiendo el Presidente del Sistema Judicial? ¿Y la fervorosa defensa de la legalidad?
Finalmente llega a los medios de comunicación, - para estas alturas del reclamo ya había manoteado y golpeado repetidamente su atril - entonces pide que se divulgue la historia oficial de la lucha contra el crimen, “para que no se convierta la estrategia de los criminales, que buscan sembrar terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación”.
Y así concluye el argumento. Los medios de comunicación que no ofrezcan sólo la versión de los comunicados oficiales comparten la estrategia del terror: si no están con nosotros están contra nosotros, coludidos o por lo menos compartiendo la estrategia del crimen organizado.
Para Calderón, si se señala el alarmante aumento de denuncias por violaciones a los derechos humanos a manos de los militares encargados de ejecutar su plan se está compartiendo la estrategia de los criminales. Si se apunta a la falta de consenso con que lanzó su plan, a sus graves omisiones en la detección y combate a las redes de financiamiento y la prevención del delito o los desatinos en los propios operativos entonces se está buscando “que el gobierno abandone a periodistas, ciudadanos, empresarios, agricultores o jóvenes en las garras de la delincuencia”.
Graves son los señalamientos del Presidente, graves no por sí mismos, si no porque develan la falta de autocrítica y la visión parcial con que los autores de la estrategia de combate al crimen organizado elaboraron su plan. Grave porque para el Ejecutivo, la sociedad no puede pedir explicaciones o criticar la estrategia, señalar las omisiones o simplemente ser actores pasivos por el miedo a las represalias sin ser acusados de cómplices.
Lo seguiremos señalando, no por complicidad con la contraparte si no por el legítimo deseo a que esta batalla lleve los objetivos correctos y que los costos que pagamos como sociedad tengan resultados tangibles.
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