Comenzó el debate en el Senado respecto a una de las “reformas estructurales” más importantes para el país - concepto forjado por el ex presidente Carlos Salinas, de regreso al mapa político en estos días y alabando el ánimo reformista de Calderón - y ya desde estos momentos se avizoran los argumentos con que las dos posiciones se enfrentarán a lo largo de veintitrés sesiones, en las que se discutirán veinte temas.
El debate del día jueves quince de mayo fue especialmente ilustrativo. Hay dos elementos que pueden ser analizados para adelantar la tónica con que se estará llevando a cabo el debate en el Senado.
Como primer y quizá más revelador elemento, tenemos la asistencia. Pocos panistas y priístas entre el público, la mayoría de los asistentes son asesores e invitados del Frente Amplio Progresista (FAP). Esto no sólo nos habla del poco interés que tienen sobre el contenido de la discusión ambos partidos, sino que representa un elemento más para confirmar lo que no pocos analistas adelantaban al respecto: las posturas ya están definidas, lo único que se consiguió con la ampliación del debate es tiempo.
El tiempo ganado es un cálculo político del FAP, están apostando a que la duración del debate les de suficiente espacio para ganar terreno en la opinión pública a través del posicionamiento de sus expertos convocados al debate, acercarse a las fechas del informe presidencial (que recientemente cambió de formato) para agregar a la mesa de negociación el factor del costo político, ganarse a la parte del PRI en desacuerdo con sus coordinadores y en caso de que esto no funcione, oportunidad para organizar una mayor cantidad de personas en la resistencia civil en caso de que el Senado apruebe las iniciativas del Ejecutivo.
El segundo elemento es el discurso. El FAP mandó al debate a sus expertos a argumentar las razones por las que las iniciativas representan una alternativa desventajosa para la propiedad del Estado Mexicano sobre sus hidrocarburos. Ataca los puntos más débiles de las iniciativas, explica cuáles artículos violan la Constitución y por qué; también enfocan sus baterías a explicar la relevancia de la propiedad estatal sobre PEMEX en el contexto internacional, destacan los puntos débiles del diagnóstico presentado por el Ejecutivo y hacen énfasis en el significado de PEMEX a nivel de identificación social.
La exposición mejor delineada corrió por parte de Javier Jiménez Espriú, ex subdirector de Comercialización de PEMEX, quién dijo que la propuesta de Calderón es “insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política” y luego explicó a detalle sus afirmaciones.
El PRI mostró su falta de consenso interno con la participación de Beatriz Paredes el primer día de debate, cuyo mensaje abordó más bien generalidades pero dejó en claro que el único interés bien definido del PRI es que, cualquiera que sea la propuesta de reforma, no están dispuestos a aceptar una disminución de recursos provenientes de los excedentes petroleros a los gobiernos estatales.
El PAN mandó a sus expertos a hablar acerca de todo lo que la reforma no es, en lugar de explicar lo que sí es y a la crítica ad-hominem de los adversarios. Se han dedicado a repetir los argumentos de la Presidencia de la República: no se pretende la privatización, la participación de la iniciativa privada es necesaria, PEMEX no tiene recursos ni tecnología para enfrentar sus retos, etc. Enfocan sus baterías sobre López Obrador – bajo la premisa de que toda la oposición a la reforma parte de su movimiento – y critican la visión de que PEMEX está relacionado con nuestra identidad como mexicanos.
Esta posición la expuso bien Héctor Aguilar Camín, quién dio su punto de vista en los siguientes términos: “Como la mayoría de los ciento diez millones de mexicanos que son dueños nominales del petróleo, no sé lo que sucede en Pemex…. La mitología nacionalista nos impide hablar del petróleo y de Pemex como lo que son: una materia prima y una empresa… emblemas de nuestra nacionalidad imaginaria.”
Quedó clara la estrategia del gobierno: argumentar desconocimiento para abonar a la confusión, descargar sobre el sentimiento de nacionalismo relacionado a PEMEX el mayor número posible de adjetivos de valor negativo, crear la sensación de que la propiedad de la paraestatal que provee del cuarenta por ciento del presupuesto público no es estratégica y por tanto se puede disponer de ella como de cualquier otra y, finalmente, establecer que la relación entre nacionalidad y la propiedad de la paraestatal que lleva décadas sosteniendo el débil sistema fiscal mexicano es una alucinación masiva, vaya, como nos dijo el señor Aguilar Camín “un problema casi siquiátrico”.
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