Derechos humanos y la alternancia

Para Cecilio Molina, por que su hijo Isaac Molina García se reintegre sano y salvo a su hogar.

La “transición democrática” no concluyó con la alternancia. Sigue. Ahora lo que viene es “un gobierno de responsabilidad compartida entre todas las fuerzas políticas”, declaraba Santiago Creel en Junio del 2001 desde su cargo de Secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox.

A pesar de la confusión que ambos términos provocan en la sociedad mexicana, la alternancia no es sinónimo de transición democrática ni su finalidad. Alternancia es el paso de un partido a otro en el poder, sin que ello implique cambio de sistema, mientras que el concepto de Transición Democrática implica el paso de una dictadura –militar, ideológica o de partido- a un régimen plural y, por consiguiente, de un sistema político a otro.

En sentido contrario a lo que en el sexenio foxista y en el recién estrenado calderonista se nos ha repetido, la alternancia - que es, hasta el momento, el único de los dos conceptos que hemos logrado cristalizar para el sistema político mexicano – no ha generado cambios sustantivos en la visión que como estado se tiene respecto a la aplicación y cuidado de los derechos humanos.

Tenemos ejemplos escandalosos para contradecir sus dichos: el caso de Lydia Cacho y la impunidad garantizada para el gobernador de Puebla, Mario Marín, el caso de Atenco y las detenciones arbitrarias, violaciones, allanamiento de morada y demás delitos cometidos en el operativo que siguen sin castigo, el caso Castaños y la impunidad garantizada para los miembros del ejército que violaron a las sexoservidoras del “Pérsico” y muchos otros más.

El caso que cobra relevancia en este momento y que toca mucho más profundamente la discordancia entre lo ofrecido por el Partido Acción Nacional cuando accedió al poder en el año 2000 y la realidad, es la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca.

El delito de desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, que de acuerdo a la definición de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Persona, (suscrita por el gobierno mexicano) está tipificado como:

“Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

La relevancia que este caso tiene para señalar la grave violación al compromiso asumido con la alternancia - el famoso “bono democrático” con que Vicente Fox accedió a la Presidencia de la República – por el PAN, radica en tres puntos principales:

Primero, que México tiene viejas heridas, que no han sido resueltas, por este delito en particular en la llamada “Guerra Sucia” de los años setenta, cuya falta de atención ha llevado a los familiares de las víctimas a recurrir a tribunales internacionales en busca de justicia.

Segundo, que el partido actualmente en el poder accedió a este por medio de un discurso que hace énfasis, sobre todo, en un término muy socorrido por ellos, “respeto a la legalidad”, que sin embargo han violado sistemáticamente en la entrega de contratos de servicios múltiples en PEMEX o con el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado como mando del inexistente "Cuerpo Federal de Policía", al ser designado comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) y al mismo tiempo director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en contra del marco legal, por citar dos ejemplos.

Tercero, que después de las denuncias interpuestas por los familiares de ambos desaparecidos, el gobierno federal repite el esquema de que hace tan grave este delito: se les niega a los detenidos el debido proceso, el respeto a la integridad física, el de asistencia jurídica y demás derechos que no se les niega ni a los narcotraficantes que han detenido en los operativos contra la delincuencia organizada.

Se requiere voluntad política del gobierno federal para resolver este asunto. Comenzaron mal al tratar de negar la conformación de la Comisión de Mediación con el EPR y tratar a los individuos convocados por el grupo guerrillero como “testigos sociales”, pero rectificaron al aceptarla finalmente tras las críticas, esperemos que de la misma forma rectifiquen y regresen con vida a los dos guerrilleros desaparecidos.