“… Las masas que no estiman obligatorios los deberes civiles, sino en cuanto se hallan apoyados por la sanción religiosa, tampoco pueden concebir que lo que el clero condena como pecado pueda dejar de ser un delito en el orden político.” José María Luis Mora. México y sus revoluciones.
La cuestión no es menor, la discusión sobre el estado laico se ha reavivado una vez más por los dichos y por los hechos del sector católico conservador mexicano.
Ejemplos tenemos muchos: La reanimada controversia sobre el aborto por la acción de inconstitucionalidad emprendida por la PGR y la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley al respecto, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la pretensión pública de la jerarquía católica de cambiar la Constitución para que se les permita ser votados para cargos de elección popular y una larga cadena de etcéteras sobre asuntos que merecen un análisis particular y que el espacio de esta columna no me permite.
El asunto cobra relevancia con el reciente dislate verbal del gobernador de Jalisco, a propósito de la defensa de la donación que el Gobierno del estado de Jalisco hizo a la Iglesia Católica para la construcción del santuario de “Los Mártires” cristeros en el municipio de Tlaquepaque. Treinta millones primero, para llegar a un total de noventa millones cuando el proyecto esté terminado.
Emilio González Márquez ha venido probando con hechos que practica lo que confesó recientemente con unas copas de más en la Expo Guadalajara, en la entrega de “un pinche papelito” (cheque) por quince millones de pesos - el número 419240 de la Secretaría de Finanzas – a la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA): “Digan lo que quieran. Perdón, señor cardenal: ¡chinguen a su madre!”
Primero, claro, ofrece disculpas al señor cardenal y después deja constancia de que las cinco mil quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por ciudadanos inconformes con la entrega de estos recursos provenientes de fondos públicos y la crítica de la oposición en el estado le “valen madre”.
El desenlace no es tan sorprendente si tomamos en cuenta los antecedentes. El señor dirigió el desaparecido Partido Demócrata Mexicano, heredero de los grupos cristeros. Ya en plenas funciones como gobernador, él y doce de sus funcionarios llevan a cabo sesiones de “capacitación religiosa” y lectura de la Biblia en la residencia oficial Casa Jalisco. Se opuso al uso de recursos públicos para la distribución de preservativos a los jóvenes jaliscienses y luego anuncia que su administración promoverá la abstinencia y la fidelidad sexuales, como parte de su política para reducir la incidencia de VIH/sida.
El gobernador del estado de Jalisco no estima que “donar” millones de pesos a la iglesia católica constituya desvío de recursos o una violación a la laicidad del estado. Tampoco repara en la obviedad de que los ciudadanos no podrán llamar a cuentas sobre el uso de los recursos donados a la AMBA y aún así insiste en catalogarlos como parte de la política de combate a la pobreza del gobierno estatal.
El Congreso del estado de Jalisco tiene la responsabilidad de llamar a cuentas al gobernador. La Secretaría de Gobernación, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que garantizan la laicidad tiene que actuar también. El gobernador, al contrario de lo que él piensa, no tiene carta abierta para actuar a contracorriente del marco legal por el hecho de haber contado con la mayoría de los votos de los jaliscienses en 2006.
El establecimiento del estado laico en México tras la promulgación de las leyes de Reforma en 1859 tiene razones históricas y sociales que no han dejado de tener vigencia. El estado laico es una condición necesaria para ejercer la democracia, el establecimiento de las reglas morales de una confesión religiosa por sobre las leyes genera exclusión e intolerancia y nos llevaría, nuevamente, a un enfrentamiento social que vendría a agravar la ya de por si delicada situación por la que atraviesa este país.
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